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Una apelación ante la Corte puede llegar a modificar
el paradigma de la causa malvinera. Con el fin de declarar la causa
como delito de lesa humanidad, quieren declarar a Malvinas, como arma
de tortura de la dictadura. A su vez, igualan a los excombatientes con
los desaparecidos.
Una causa por supuestos delitos cometidos por un oficial
durante el conflicto en Malvinas, espera una decisión del máximo
tribunal.
El dictamen previo, menciona a Malvinas como una herramienta de tortura
más de la dictadura, para cometer delitos de lesa humanidad y
cataloga a los excombatientes de víctimas.
Más que polémica, la causa que ahora se encuentra a resolver
en el máximo tribunal del país, conlleva una serie de
errores procesales importantes, denotando una clara falta de objetividad
e inconstitucionalidad desde la primera instancia del proceso.
Extractos del dictamen previo del Procurador Dr. Luis Santiago
González Warcalde
Para el Procurador hay delito de lesa humanidad en el mismo
momento en que el gobierno militar decide la acción de recuperar
las Islas Malvinas. Y aún más, iguala a los desaparecidos
o víctimas de la dictadura, con los soldados conscriptos que
fueron a Malvinas.
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“La clase de relación postulada,
sostengo, satisface el nexo exigido por el derecho internacional
de los crímenes contra la humanidad entre violación
particular y ataque a la población civil en virtud de que
los hechos imputados serían una manifestación del
preciso estado de desamparo frente al Estado que justifica la criminalización
internacional. Lo particular del caso reside en que ese desamparo
no es el propio de quien es una víctima directa del ataque
sistemático contra la población civil, sino
el de quien es brutalmente manipulado por el gobierno responsable
por ese ataque para mejorar la situación política
en la que ese ataque lo ha dejado. No encuentro razones
en los fundamentos del derecho de los crímenes contra la
humanidad para distinguir a estas víctimas de las víctimas
de los casos centrales, indiscutiblemente alcanzados por la obligación
internacional de persecución penal imprescriptible.”
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“La guerra del Atlántico Sur,
en total contraste, fue decidida por una junta militar que ocupaba
por la fuerza el gobierno. Con la liviandad y la precipitación
de la que da cuenta el Informe Rattenbach, y para mejorar su posición
polítíca ante una ciudadanía que cada vez dejaba
oír con más fuerza su reclamo de democracia y justicia,
esos oficiales superiores, sin más facultades que las que
nacen de la fuerza, expusieron a un grupo de miles de víctimas
civiles -los miembros de las clases 1962 y 1963 que reclutó
y trasladó al teatro de operaciones del Atlántico
Sur- al riesgo de morir en un frente de guerra.”
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“¿Y quiénes eran estas
víctimas? Jóvenes de dieciocho años
sacados de lo profundo de las provincias del norte. Jóvenes
que provenían de sectores civiles vilipendiados y despreciados
por quienes detentaban el poder supremo y los mandaban al muere,
no sin antes, claro está, prodigarles lo que ellos
bien sabían prodigar, esos severísimos castigos y
vejaciones en la antesala del horror.”
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15, que detalla la causa judicial; los hechos y pruebas;
el análisis jurídico sobre cuando un delito es de lesa
humanidad; la cuestión jurídica en Malvinas; las inconsistencias
de la querella; el polémico dictamen del procurador analizado
jurídicamente; y las conslcuiones...
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