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05/08/2009

Una es la Asociación de Ex Soldados Mendoza, y la otra "Agrupación Patria Mendoza", inscribiendo a quienes hicieron la conscripción en los 70 y a los destinados a la Patagonia en 1982. Pedían dinero para impulsar leyes a su favor con la promesa de obtener una pensión...
Por: Alfredo Gutiérrez para el Diario Clarín

La Justicia mendocina investiga una gigantesca estafa contra miles de ex conscriptos, a quienes se les cobraba por "gestionar" pensiones de guerra vitalicias a las que -supuestamente- tendrían derecho por el solo hecho de haber pasado por el Servicio Militar Obligatorio. Ya se hicieron allanamientos en los que se secuestró una docena de cajas con documentación, aparentemente "carpetas" con datos que se les pedía a los beneficiarios para iniciar el trámite.
Los acusados "agitaban" una ley inexistente por la que el Estado pagaría pensiones de entre 2.500 y 3.200 pesos a los ex conscriptos de las clases 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62 y 63. Incluso, decían que el beneficio sería "hereditario" y alcanzaría a hijos y nietos. Y para "gestionarlas" cobraban 150 pesos. Aunque para los que solicitaban el trámite urgente el costo trepaba hasta los 500 pesos.

"Les piden dinero y hasta utilizan sitios de Internet creados especialmente para difundir su propuesta engañosa", le dijo a Clarín el diputado nacional de la provincia de Mendoza Enrique Thomas, autor de la denuncia judicial.
El sistema abarcaría a varias provincias, en las que también hay denuncias y donde seguirían actuando. Sólo en Mendoza podrían llegar a 3.000 los engañados.

En julio de 2007 otra diputada, la radical Vilma Baragiola, denunció que "hay gestores y estudios jurídicos que ponen avisos, hacen llenar certificados a la gente y cobran entre 50 y 500 pesos por el supuesto trámite" de las pensiones de guerra. "En Córdoba hay 3.500 personas a las que les han cobrado -dijo Baragiola en aquel momento-. También conozco casos en Mar del Plata, Santiago del Estero y Jujuy".
Es que el rumor sobre las pensiones de guerra había comenzado a fines de 2006. Hasta hubo un proyecto de tres diputados norteños que nunca fue tratado, y se extendió como una fiebre silenciosa en muchas provincias. Centenares de hombres hacían largas colas frente a los cuarteles, algunos desde la madrugada, para pedir un certificado de su paso por allí como conscriptos.

La idea era que el Estado otorgara esas pensiones de guerra por el solo hecho de haber haber sufrido el Servicio Militar Obligatorio: unos porque lo hicieron durante la "guerra sucia" de la dictadura militar, o porque participaron del "operativo inependencia" en Tucumán, otros porque fueron movilizados en el '78 por el conflicto con Chile en el canal de Beagle, otros porque estuvieron en la Patagonia durante la Guerra de Malvinas aunque no combatieron, y el resto porque sí. Se calcula que sólo durante la dictadura pasaron por el Ejército 180.000 conscriptos.
De hecho, hasta 2007 se llegaron a dar 68.000 certificados del Ejército, 12.000 de la Armada y otro tanto en la Fuerza Aérea. Están obligados a hacerlo, ante la solicitud de cualquier ex conscripto. Y fueron de a miles.

Ese fenómeno subterráneo de personas que ansiaban cobrar de por vida una pensión del Estado es el que llegó ahora, finalmente, a la Justicia.

Según la denuncia de Thomas, al menos dos organizaciones se encargan en Mendoza de reclutar a los futuros pensionados. Una es la Asociación de Ex Soldados Mendoza" (ADESOL), y otra se llama "Agrupación Patria Mendoza", que se dedica a los que hicieron la conscripción entre 1974 y 1978 y ex combatientes.
Los que quieren la pensión deben llenar para los "gestores" una carpetas con documentación. Piden la certificación de servicios, fotocopia de DNI suya y del cónyuge, CUIT o CUIL, fotocopia del diploma de jura de la bandera y hasta datos surrealistas: en un ítem piden que refiera "anécdotas de su vida en el sevicio militar" y añada fotos con sus compañeros de conscripción.

Thomas, que incluyó algunos "recibos" que los estafadores expedieron a los daminficados, asegura que por el trámite se cobra entre 150 y 500 pesos, "dependiendo de la cara del cliente y del apuro que muestre tener". En algunos casos el aporte era mensual.