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Por
Andrés Lavaselli.
Policías, miembros del servicio penitenciario y empleados de
varios ministerios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires cobran
ilegítimamente un plus salarial mensual destinado a veteranos
de la Guerra de Malvinas, a pesar de no haber entrado nunca en combate,
ni haber pisado las islas o, en algunos caos, el Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur. El caso ya es investigado -parcialmente- por
la justicia, que tiene en la mira a cuatro agentes de la Bonaerense,
uno de los cuales no tenía más de 11 años en el
momento del conflicto bélico.
La estafa involucra al menos a 47 agentes públicos, de acuerdo
a los registros del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM)
de La Plata, que detectó la maniobra casi por casualidad, hace
dos años, cuando el Servicio Penitenciario Bonaerense quiso hacer
un homenaje a internos y a guardiacárceles que habían
participado de la Guerra.
En ese momento, personal de Derechos Humanos del SPB comunicó
la idea al CECIM, pero cuando los ex combatientes cruzaron la nómina
de los homenajeados con los registros de veteranos descubrieron que
varios guardiacárceles y un interno no habían ido a la
guerra.
Fue la primera confirmación de una sospecha que tenían
desde hacía tiempo: el descontrol en los registros del Estado
permitió que muchos agentes públicos, sobre todo policías,
accedan al plus salarial para empleados públicos que sean veteranos
en forma fraudulenta.
Se trata del beneficio más antiguo que paga la Provincia a los
veteranos –anterior incluso a las pensiones del Instituto de Previsión
Social- y que hoy asciende a 1.800 pesos por mes. Esa antigüedad
permite sospechar que algunos de los involucrados en la maniobra cobran
ilegalmente desde hace casi 20 años.
Pero el caso del SPB es sólo la punta del ovillo: el CECIM realizó,
en 2005, un relevamiento con cruces de datos entre padrones de ex combatientes
elaborados por las Fuerzas Armadas con nóminas parciales de empleados
públicos y detectó 47 casos más, entre policías,
personal del SPB –incluye algunos cargos altos, no sólo
a agentes- y empleados de la secretaría general de Gobierno,
el ministerio de Economía y el de Educación. “Eso
es lo que tenemos comprobado que se sigue cobrando hoy, pero estamos
seguros de que hay más”, explicó Ernesto Alonso,
presidente del CECIM.
La fiscalía de Asuntos Complejos de La Plata, que comandan Carlos
Argüero y Esteban Lombardo, analiza por su parte cuatro denuncias
penales presentadas por la Auditoría de Asuntos Internos del
ministerio de Seguridad de la Provincia, sobre cuatro efectivos de la
bonaerense que cobran ilegalmente el plus. Esperan que llegue documentación
sobre cómo fueron otorgados los beneficios y qué requisitos
fueron requeridos a sus titulares para llamar a indagatoria, paso previo
a elevar los expedientes a juicio, uno por cada caso.
Uno de esos casos, resalta por lo burdo: se trata de un policía
que tiene un DNI que comienza en 23 millones, por lo que en el momento
de la Guerra -1982- no podía tener más de 11 años.
Toda una pintura de la laxitud, por decirlo con suavidad, con que el
Gobierno provincial parece haber manejado el otorgamiento de este plus
salarial.
Más allá de eso, el Gobierno, no puede argumentar que
no conoce el caso. En 2006, veteranos se reunieron con el entonces Director
de Personal provincial (gestión Solá), Daniel Giaccone,
quien prometió realizar un censo completo que ordenar la cuestión
que nunca se llevó a cabo. Daniel Scioli, en cambio, no sabe
porque no quiere: el 18 de diciembre pasado, el CECIM presentó
un pedido de audiencia en el que explican el caso y resaltan no sólo
“el perjuicio económico” que causa al Estado, sino
también “el agravio” que supone para los ex combatientes
verdaderos. Hasta ahora, no hubo respuesta.
“Nosotros queremos aportar transparencia, le llevamos el caso
a las autoridades, pero no hay respuestas contundentes. No nos dejan
acceder a los registros de personal, nos prometen censos que no se hacen.
No nos informan si avanzan o no en la investigación”, se
quejó Alonso. El presidente del CECIM explicó que “la
única vez que se hizo algo en serio fue cuando nosotros presentamos
una denuncia penal por esta cuestión”.
Se trata del caso de Juan Carlos Michelini, un abogado ex secretario
del fuero de Menores de Lomas de Zamora, que fue condenado, el año
pasado, por el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata a 3 años
de prisión en suspenso y trabajos comunitarios por cobrar en
forma ilegal el plus desde noviembre de 1990 hasta mayo de 2004. Además,
fue inhabilitado para ejercer cargos públicos a perpetuidad.
A poco menos de un mes de otro 2 de abril, las autoridades tienen en
esa fecha una oportunidad simbólica de comenzar a reparar el
daño a la memoria histórica (y a las arcas públicas).
Habrá que ver si reaccionan o si sólo volverá a
haber discursos sentidos y poca acción real.
LAS PENSIONES PROVINCIALES, TAMBIÉN EN LA MIRA
La provincia de Buenos Aires paga, a través del IPS, unas 5.500
pensiones a veteranos de guerra, equivalentes a tres sueldos básicos
de un empleado estatal bonaerense, unos 1500 pesos por mes.
En un principio se pagaba sólo a ex conscriptos, pero a través
de una modificatoria introducida en 2002 a la Ley 12006, se extendió
a oficiales y suboficiales en condiciones de retiro voluntario.
Los veteranos lanzarán un pedido de reempadronamiento en los
próximos días, porque sospechan que muchos de esos soldados
profesionales no cumplen con el requisito de tener domicilio real en
la provincia.
Desde el CECIM explicaron que “muchos presentaron como domicilio
el de la dependencia miliar a la que estaban destinados cuando ocurrió
la guerra”. Los ex conscriptos creen que se trata de una maniobra
irregular.
Además, junto a la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia
realizarán un exhaustivo análisis de padrones, para comprobar
que no haya ex represores o criminales de guerra incluídos.
Motivos para sospechar no les faltan. En 1983, un informe publicado
en el Boletín Oficial del Ejército establecía una
nómina de 9.997 veteranos de Guerra, entre conscriptos, militares
y conscriptos.
Pero en 1992, el Circulo Militar editó un libro donde se da cuenta
de 14.020 veteranos, número que 1999 ascendía a 22.652,
de acuerdo a un informe del Ministerio de Defensa de la Nación.
El Arma que más veteranos sumó fue la Marina, que resolvió
considerar como combatientes a todos los buques y hombres de la Flota
de Mar, que nunca entró en combate. También a los tripulantes
civiles de 25 buques mercantes, en idéntica situación.
El fiscal federal Guillermo Marijuán inició una investigación
sobre las pensiones nacionales otorgadas en base a esos listados. A
partir de ese trabajo, ya se dieron de baja 700 beneficiaros “truchos”,
que causaban un perjuicio de 15 millones de pesos anuales al Estado.
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