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Exdiputada fueguina a juicio por falsificar título secundario


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10/03/2014

Conocida por los lectores de El Malvinense por llamar a las islas "Georgeas" y "Sandicwh" durante los estudios de ampliación de 350 millas en 2008. Se comprobó que la legisladora falsificó su título secundario para acceder la Administración Pública...

Allá por el año 2008, muchos argentinos nos ocupamos y comenzamos diversas campañas para lograr que Argentina presentase en tiempo y forma, la ampliación marítima de 200 a 350 millas ante la ONU. En aquél entonces, tres diputados nacionales (Mariel Calchaquí, Rubén Sciuto y Leonardo Gorbacz), expresaron que solamente había que presentar ampliaciones, donde no hubiere problemas territoriales con Gran Bretaña. En una palabra, llamaban a renunciar a la soberanía de los territorios australes, en disputa con los británicos.

Pero una diputada, Mariel Calchaquí, expresó ante El Malvinense que jamás había dicho tal cosa y acusaba tanto al presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Ushuaia, Juan Spinelli, y al Diario del Fin del Mundo de mentir y faltar a la verdad. Por ello, publicamos una réplica de la entonces Diputada Nacional por Tierra del Fuego, que comenzaba así... "Parte de esta nota tiene que ver con la defensa de los principios básicos políticos e innegociables que defiendo, la soberanía política sobre Malvinas, Georgeas, Sandicwh del Sur..."

Hoy, seis años después, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento contra María Adela Calchaquí por el delito de “Defraudación contra la Administración Pública, bajo la modalidad de Estafa, en concurso ideal, con el delito de uso de documento falso”, en calidad de autora. La causa se inició en 2011, donde la Diputada Nacional (MC) presentó un certificado de título secundario apócrifo al momento de ingresar a trabajar en el Estado Provincial, donde por unos 17 años, cobró el plus de secundario en su recibo de sueldo. Con la confirmación del procesamiento, se correría vista al fiscal, para que la causa sea elevada a juicio oral en los próximos meses.

María Adela Calchaqui, alias “Mariel”, como ella misma se hace llamar, presentó un certificado apócrifo del título de “Bachiller Perito Mercantil” en trámite al momento de ingresar a trabajar en el Estado Provincial en el año 1990. Esto le permitió cobrar por alrededor de 17 años, el plus de título secundario, que se abona a los empleados estatales hasta el año 2007.

Cabe recordar que en el año 2011 se inició la causa luego de que un periodista habría realizado una denuncia radial, dando a conocer el fraude de Calchaqui, momentos en que buscaba ser reelecta en la Cámara Baja de la Nación bajo el mandato Kirchnerista. A partir de ese momento, se comenzó una investigación, la cual terminó con una causa iniciada en el Juzgado de Instrucción Nº2 de Río Grande a cargo del Dr. Héctor Daniel Ochoa.

Tras analizarse toda la documentación presentada, como así también de los informes recibidos por parte del Colegio Jerónimo Luis de Cabrera de la provincia de Córdoba, el magistrado resolvió el procesamiento, medida que fue apelada y llevada a la Cámara de Apelaciones, donde en los últimos días, los Jueces Julián De Martino, Walter Dante Tabárez Guerrero y Jorge Luis Jofré resolvieron confirmar el procesamiento contra Calchaquí por “Defraudación contra la Administración Pública”, bajo la modalidad de estafa, en concurso ideal con el delito de uso de documento falso, en calidad de autora.

El delito investigado

Calchaquí presentó un certificado perteneciente al colegio Jerónimo Luis de Cabrera de la provincia de Córdoba, el cual a pesar de ser en carácter de provisional, se comprobó que era apócrifo, al igual que los sellos que aparecían en el documento.

Desde la Justicia se solicitó toda la información necesaria al establecimiento educativo, donde indicaron que la “única María Adela Calchaquí que cursó adeudaba la materia de matemáticas de primer año, repitió segundo año y al volverlo a cursar, quedó libre por inasistencias, por lo que no podría haberse emitido en ninguna ocasión un certificado de título en trámite”.

Según informaron fuentes judiciales, el perjuicio generado al Estado Provincial por el cobro indebido del título secundario, ascendió a los 10 mil pesos, según lo confirmó un trabajo realizado por las autoridades de economía, por lo que al sumarse la tasa judicial y otros impuestos, se trabó un embargo por la cifra de $15.494,63.

Por otro lado, se conoció que en su momento, Calchaquí habría intentado poner un freno a las medidas judiciales que se llevaban adelante, por lo que buscó un acuerdo con el Gobierno Provincial, donde abonó un resarcimiento de unos 70 mil pesos, medida firmada por un alto funcionario provincial en representación del Estado. Ante este acuerdo, Calchaquí hizo efectivo el pago, monto que ingresó a las arcas provinciales.

Una vez llevado adelante el depósito, se estimaba que la causa judicial se daría por concluida, pero el desconocimiento por parte de la imputada y del funcionario provincial, no se tuvo en cuenta de que no se puede dar por finalizada una demanda penal una vez que ya se haya iniciado la misma, hasta tanto la Justicia no dé por concluidas las actuaciones e investigaciones, por lo que la causa judicial continuó su marcha y terminó con el procesamiento en 2013 y recientemente la confirmación del mismo, el cual puede llegar a tener una condena de un mes a seis años de prisión.

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